Hace tiempo que se viene hablando sobre la propuesta de ley de financiación empresarial que este gobierno ha promovido y está siendo bastante polémico el Título V en el que se regula la financiación colectiva de proyectos empresariales o crowdfunding.

La verdad es que mucho se ha comentado de las limitaciones a la inversión para los usuarios y poco del sistema de control a las plataformas que va a suponer que muchas de ellas tengan que cerrar o adaptarse, que no será fácil, a las nuevas condiciones de registro como PFP (Plataforma de financiación participativa).

Esta adaptación será dura pero es necesaria para consolidar un sector que está en auge y que puede marcar un antes y un después en la forma de financiar empresas en fases tempranas.

El miedo a un nuevo caso de usuarios invirtiendo en masa en productos de los que desconocen las características o condiciones legales de la inversión ha incitado al gobierno a crear una ley protectora hacia el consumidor y exigente para quienes pretendemos operar en el mercado como plataforma de inversión.

La mayoría de empresas de Equity Crowdfunding o Crowdlending nacieron como startups, con un capital social bajo y ahora se van a ver obligadas a tener, un Capital social de 60.000€, un seguro de responsabilidad civil que tenga una cobertura mínima de 300.000€ además de otras pequeñas garantías económicas según su volumen de facturación.

Este va a ser el principal escollo para la mayoría de empresas existentes en el mercado, las cuales, o bien tienen poco capital social y van a tener que pelear mucho para conseguir inversión pues su track record no es tan sólido como para que inversores privados se sientan atraídos a invertir, o bien van a tener que hacer ingeniería social puesto que poseen el capital pero en forma de prima de emisión en rondas previas o reservas.

La medida es acertada para evitar que cualquiera pueda colgarse el cartel e PFP y operar sin estar regulado por la CNMV aunque supongo que es una norma mejor para quienes vayan a abrir una plataforma en el futuro que para los que ya estamos en el mercado.

Otro de los grandes requisitos de la ley es la regulación de la información dada a los usuarios antes, durante y una vez realizada cualquier operación de inversión a través de una plataforma PFP. En este sentido el gobierno ha querido que exista una transparencia total y que se advierta constantemente de los riesgos que supone hacer una inversión en una empresa emergente.

En este punto, dependerá de los diseñadores Web el resultar más atractivo para los usuarios o más disuasivo.

Existe un punto más en el cual las plataformas pueden encontrar problemas es sobre las limitaciones de publicación de proyectos. Según la propuesta de ley, las PFP no podrán publicar campañas de inversión de empresas constituidas fuera de la UE, tendrán limitaciones a las campañas propias de financiación, tendrán limitaciones a la inversión en proyectos publicados en su propia plataforma y no podrán invertir en proyectos publicados por otras plataformas.

Pero la polémica social ha llegado con las limitaciones a la inversión. El gobierno establece una separación entre usuarios inversores a los que, de momento, denomina inversores acreditados y no acreditados.

Los usuarios acreditados tendrán que cumplir una serie de condiciones para poder invertir sin limitaciones. Para ser inversor acreditado habrá que cumplir una serie de condiciones tal y como se puede observar a continuación.

Artículo 81. Tipos de inversores.

1. Los inversores podrán ser acreditados o no acreditados.

2. En el caso de proyectos instrumentados a través de préstamos o participaciones tendrán la consideración de inversor acreditado:

a) Las personas físicas y jurídicas a las que se refieren los párrafos a), b) y d) del artículo 78 bis.3 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

b) Los empresarios que individualmente reúnan, al menos, dos de las siguientes condiciones:

Que el total de las partidas del activo sea igual o superior a 1 millón de euros

Que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o superior a 2 millones de euros

Que sus recursos propios sean iguales o superiores a 300.000 euros.

c) Las personas físicas que cumplan con las siguientes condiciones:

Acreditar unos ingresos anuales superiores a 50.000 euros o bien un patrimonio financiero superior a 100.000 euros, y,

Solicitar ser considerados como inversores acreditados con carácter previo, y renunciar de forma expresa a su tratamiento como cliente no acreditado.

De este modo, todos aquellos usuarios que no fueran acreditados no podrán invertir más de 3.000€ en un a sola campaña de inversión ni más de 10.000€ en un ejercicio aún siendo en distintos proyectos.

Visto esta situación muchos pensarán que es poco alentadora para quienes estamos operando en el sector pero es justamente todo lo contrario. Nos va a obligar a ser mejores, más competitivos, a tener un mayor control sobre la información acerca de los proyectos que promovemos y en definitiva nos está acercando un poco más a un sistema de inversiones sólido y capacitado par operar con grandes masas y una total seguridad.

Caerán algunas plataformas existentes y nacerán nuevas, quedarán sólo las mejores, aquellas que puedan encontrar para los usuarios los mejores proyectos. Esta ley es positiva para que los inversores privados, fondos seed y business Angels definitivamente apuesten por el crowdfunding como herramienta esencial en la inversión en startups y participen, junto a pequeños inversores, en las rondas de financiación de las mismas. Ahora es el momento de apostar por el crowdfunding.

Eugenio Corell Egea

CEO y Co-fundador de Mynbest.com